Poner los derechos de cabeza para garantizar las calles “limpias”

A pesar de los reparos de la ministra Patricia Bullrich sobre cómo serán los desalojos de las protestas, el Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas tiene un fuerte tenor anticonstitucional. En los meses transcurridos, el fracaso en su aplicación es llamativa.

Se pasa por alto que la información que los medios buscan construir no involucra sólo a manifestantes sino también a policías, a todos los actores participantes en la situación.

El protocolo deja entrever una jerarquía entre derechos que no se condice con la Constitución poniendo en primer lugar el derecho a la libre circulación *antes de *la libertad de protesta y la integridad física, aún cuando establece que se pondrá en uso un “mínimo” de violencia legítima. Queda a libre interpretación de las autoridades de las fuerzas en juego, cuáles parámetros tomar a la hora de respetar los principios que expresa el protocolo: “legalidad”, “oportunidad”, “gradualidad” y “último recurso frente a una resistencia o amenaza”.

La alarma más escandalosa se refiere a la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. El apartado dedicado al trabajo de los periodistas en el lugar de los hechos, comienza refiriéndose a la “organización” de la participación de los medios de comunicación, suponiendo que puede ser una tarea pautada entre fuerzas armadas y medios. Se pasa por alto que la información que los medios buscan construir no involucra sólo a manifestantes sino también a policías, a todos los actores participantes en la situación. Por último reconoce la labor periodística como una actividad que puede entorpecer el “procedimiento” ignorando el rol social de esa actividad, importante para poner luz también sobre la represión ejercida desde el Estado.

Muchos casos de protestas donde el abuso del uso de la fuerza fue registrado por los medios de comunicación y posteriormente sancionado, seguirían impunes si se hubiese aplicado un protocolo semejante. Se trata entonces, de una medida retrógrada respecto a los estándares internacionales vigentes en materia de libertad de expresión y la propia historia nacional de la defensa de los derechos de reclamar y de expresarse.

Poner los derechos de cabeza para garantizar las calles “limpias”

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